América Latina provee el 75% del banano que se consume en la Unión Europea

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Cada años los países europeos en conjunto consumen 6.5 millones de toneladas de la fruta.

Cada año, la Unión Europea consume 6.5 millones de toneladas de bananas. El 75% representa las importaciones de América Latina, y Ecuador es el principal proveedor a este importante mercado.

La producción bananera en Ecuador representa el 3% del PIB y genera 2,5 millones de empleos. El 95% del volumen que se produce en este país procede de pequeños y medianos agricultores, por lo mismo ellos cubren los costos e inversiones relacionados con los requisitos de sostenibilidad.

Ante esa situación, los productores exigen a la Unión Europea un mecanismo de responsabilidad compartida de los costes derivados de las certificaciones privadas, es decir, un esquema que distribuya estos de forma justa entre todos los eslabones de la cadena de valor.

Abuso de poder por parte de los grandes distribuidores europeos, que exigen a los productores certificaciones “voluntarias” para comercializar en la UE (obligatorias de facto), mientras reducen el precio pagado al productor, reclaman los bananeros ecuatorianos.

Al respecto, la eurodiputada socialista Mónica Silvana, consciente del impacto de estas certificaciones en el contexto de la producción de la banana en América Latina, ha preguntado a la Comisión si “ha planteado la posibilidad de desarrollar un sistema obligatorio de responsabilidad compartida para distribuir los costes relacionados con la sostenibilidad a lo largo de la cadena de producción de una manera más transparente y justa”.

La formulación de esta pregunta parlamentaria pone de manifiesto el reto que suponen estas certificaciones, tanto para los agricultores europeos como para los de terceros países. En un ecosistema en el que los supermercados europeos exigen precios más bajos, pero cada vez exigen normas más estrictas y requisitos de sostenibilidad, los agricultores están teniendo que asumir los costes de las certificaciones.

En palabras de la eurodiputada española, los organismos de certificación privados no proporcionan un marco para la distribución de estos costes, ni existe legislación europea al respecto (solo una Comunicación de la Comisión de 2010).

Fuente: Agronoticias

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